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Juntas revisión Iglesia EU no cumplen con víctimas abuso

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Ante los miles de casos de abuso sexual y encubrimiento por parte del clero, los líderes de la Iglesia católica de Estados Unidos abordaron su mayor crisis de la era moderna con lo que ellos llamaron una reforma clave: las juntas de revisión obligatorias.
Estos paneles independientes, formados por personas laicas en cada diócesis, revisarían las acusaciones de manera justa y benévola. Y ayudarían a los obispos a asegurar que ningún sacerdote abusivo permaneciera en el ministerio. Pero casi dos décadas después, una investigación de AP acerca de las juntas de revisión en todas las diócesis de EEUU muestra que, no han cumplido estos compromisos.
En cambio, las juntas designadas por los obispos, y que con frecuencia operan en secreto, han socavado de forma rutinaria las acusaciones de abuso sexual de las víctimas, protegido a los sacerdotes acusados y ayudado a la Iglesia a evitar indemnizaciones.
La AP también encontró docenas de casos en todo el país en el que las juntas de revisión rechazaron las denuncias de las víctimas, que después fueron validadas por autoridades seculares. Y en algunos casos, los propios miembros de las juntas eran clérigos acusados de abuso.
Muchas de las víctimas dijeron a la AP que sufrieron hostilidad y humillación por parte de estas entidades.
Cuando una víctima de Florida se presentó ante una junta, el abogado defensor de la Iglesia lo interrogó sobre su abuso hasta que lloró. Cuando otro hombre en Ohio se preparaba para contarle a un panel de extraños cómo un sacerdote lo había violado, uno de ellos estaba tejiendo un suéter rosa. Y cuando una aterrada mujer de Iowa se presentó ante una junta para contar su historia de abuso, uno de los miembros del panel estaba dormido; a diferencia de la junta de revisión, un tribunal falló a su favor.
AP buscó información en las 180 diócesis de Estados Unidos, revisó miles de páginas de expedientes eclesiásticos y judiciales, y entrevistó a más de 75 víctimas de abuso, miembros de las juntas y otros para descubrir un proceso contaminado en el que la jerarquía eclesiástica tiene las riendas del poder en cada etapa.
Los obispos designaron a abogados defensores y asesores de alto nivel para las juntas. Además eligen qué casos van a la junta, qué evidencia ven los miembros y qué criterios se utilizan para decidir si una acusación está “fundamentada” o es “creíble”. La AP encontró que, a veces, aun cuando las juntas encontraron que los casos eran creíbles, los obispos se ponían del lado del sacerdote e ignoraban las conclusiones.
“Es un fraude. Es una farsa. Es un encubrimiento”, dijo David Lasher, de 56 años, que en abril contó a la junta de revisión en St. Petersburg, Florida, los abusos sexuales que sufrió por parte de un sacerdote.
“No hay nadie en la junta a quien le importe la víctima. Todo es para proteger a la Iglesia”. El organismo falló contra Lasher y la diócesis dejó de pagar su terapia.
Varios obispos contactados por la AP, incluyendo Gregory Parkes, de St. Petersburg, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Algunos refirieron a la AP a la Conferencia Episcopal de EEUU, que no respondió solicitudes de entrevista. Otros, como el arzobispo William Lori, de Baltimore, dijeron que aunque se pueden mejorar, las juntas de revisión cumplen con las promesas de las reformas ordenadas en 2002.
“Son fundamentales para recuperar la confianza de nuestra gente, que con razón cree en una mayor participación de personas laicas en estas cuestiones”, dijo Lori, quien trabajó en el comité sobre abusos sexuales de la conferencia cuando se aprobaron las reformas.
La arquidiócesis de Baltimore nombra a los miembros de la junta, lo que, según Lori, “inspira confianza en el proceso” y no incluye a funcionarios de alto nivel de la Iglesia.
Un informe anual realizado por la entidad bajo la dirección de Lori no dice cómo dictaminaron los miembros pero apunta que, en 11 casos, un sacerdote fue destituido y otros 10 fueron sancionados o fallecieron. A las víctimas se les ofreció terapia.

Confidencialidad

Los abusos sexuales cometidos por el clero han costado más de 4,000 millones de dólares e implicaron al menos a 5,100 sacerdotes, de acuerdo con el propio conteo de la Iglesia desde 2002, cuando estalló la crisis en el país.
A pesar de las promesas de rendición de cuentas, el año pasado la Iglesia tuvo que evaluar de nuevo los abusos después de que un informe condenatorio de un jurado investigador sobre generaciones de abusos y encubrimientos en Pensilvania incentivó investigaciones en todo el país. Se supone que la junta de revisión debe dar a las víctimas la oportunidad de ser validadas por la Iglesia, especialmente en casos tan antiguos que han prescrito y no pueden ser juzgados en los tribunales.
Aunque supuestamente las diócesis deben reportar los posibles delitos a las autoridades, las juntas de revisión y sus hallazgos son completamente independientes de la ley secular. La confidencialidad característica de muchas juntas empieza en la forma en la que obispos y administradores eligen a los miembros. Es ahí donde quizás ejercen la mayor influencia.
Más de la mitad de las diócesis en el país no revelan los nombres de los miembros de sus juntas de revisión en sus páginas web. Algunas los publicaron en el Directorio Católico Oficial, un grueso libro de listados de iglesias que se vende en casi 400 dólares.
Unas, como la de St. Louis, dijeron que no identificaban a los miembros por “cortesía profesional”, y otras, como la de Dallas, señalaron que los miembros pueden hacerlo público si quieren. “¿Ellos conocen mi secreto más profundo y yo no puedo siquiera saber sus nombres y puestos?”, dijo Becky Ianni, quien no pudo obtener detalles sobre los miembros de la junta en Richmond, Virginia. “Si no conoces sus nombres, es como adentrarte en la oscuridad”.
A Ianni le permitieron hablar ante una junta diferente en Arlington, Virginia, donde se revelaron las identidades de sus miembros. Describió el calvario que enfrentó en 2007, cuando un miembro se quedó dormido y otro ojeaba una revista, como un “puro infierno”. Cuando se conocen las identidades de los miembros de estas entidades, suele haber motivo de preocupación.

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