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Impericia policial. Relato fáctico de los hechos

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POR: John García

Durante los últimos días hemos observado con detenimiento, el horrendo episodio escenificado el pasado fin de semana en el municipio de Cotuí. En el cual, un confeso delincuente en su intento por evadir una persecución policial, por alegadamente haber herido a un sujeto, se introdujo en una vivienda habitada y tomó como rehenes a una joven y su pequeño hijo de más o menos 1 año de edad. 

Por la situación descrita, se apersonaron al lugar de los hechos miembros de la Policía Nacional y un integrante del Ministerio Público, el magistrado Rolando, según podemos apreciar en algunos videos vertidos en los diferentes medios de comunicación.

Como exigencia para su entrega a las autoridades, el secuestrador clamaba angustiadamente la presencia de un sacerdote, debido a que temía ser ejecutado por los agentes policiales allí presentes, diciendo repetitivamente que no le haría daño a nadie y que había actuado en contra de unas personas “porque que estos lo perseguían para matarlo”, en virtud de que estos creían que él les había matado un familiar.

Como una respuesta a su solicitud, entra al interior de la vivienda donde se llevaba a cabo el secuestro, un coronel de la policía disfrazado de sacerdote, el secuestrador le pide la bendición y le asegura no hacerle daño a nadie, expresándole que él lo que se siente es asustado por el peligro en que se encontraba su vida. acto seguido empieza a contar algunas de sus anécdotas y pide al supuesto cura leer el Salmos 91, momento que fue aprovechado por el oficial vestido de cura, para darle un tiro a quemarropa e interrumpirle la vida, procediendo de inmediato a la liberación de los secuestrados.

SOBRE EL DERECHO.

Opiniones vertidas en las redes sociales sugieren que  la “hazaña” cometida por el oficial policial es merecedora de un ascenso, pero a la luz de lo establecido por la ley,  es evidente que estamos en presencia de un asesinato, según establece el artículo 296 del Código Penal Dominicano, además de encontrarnos frente a una franca violación al artículo 37 de la Constitución De La República, sobre la inviolabilidad de la vida y al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la misma manera son vulnerados los artículos 258 y 259 del Código Penal Dominicano, sobre usurpación de funciones; estos ilícitos penales pueden enfrentar al oficial policial al cumplimiento de una pena de 30 años de prisión.

IMPACTO DEL HECHO FRENTE AL ROL MEDIADOR DE LA IGLESIA CATOLICA.

No es un secreto, que luego de lo sucedido la imagen mediadora de la Iglesia Católica, quedo sumamente lacerada, en virtud de que ya ninguna otra persona en conflicto con la ley tendrá confianza en los representantes religiosos, como una garantía para entregarse a las autoridades sin que esto signifique poner en riesgos sus vidas, debido a que no tendrán la certidumbre de estar delante de un representante real de Dios o frente a un usurpador. Motivo por el cual las autoridades eclesiásticas deben sancionar públicamente al cura que facilitó su  Sotana.

OPINIÓN PROFESIONAL.

En mi humilde parecer, como neófito en esta materia, tanto el Ministerio Público, como la Policía Nacional; debieron cesar la persecución llevada a cabo en contra del sujeto y cumpliendo con las funciones que le asigna la Ley y la Carta Sustantiva, proceder a montar un perímetro de inteligencia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas.

De esta manera, se le estaría brindando al perseguido la oportunidad de someterse a un juicio público oral y contradictorio, toda vez que se evidencia que su huida y la retención de los rehenes por él efectuada, era solo con la finalidad de resguardar su integridad física.

Y es que si bien es cierto que se trataba de un delincuente armado, no menos cierto es que el mismo no representaba un peligro inminente para la señora y su bebé, muy por el contrario, la presencia y actuación del falso reverendo; si puso en riesgo la vida de los secuestrados y pudo provocar un  mal mayor, otra razón por la cual el Ministerio Público debe someter a dicho oficial a la acción de la justicia, ya que este actuó con pronunciada torpeza, imprudencia, impericia y ejecución extrajudicial premeditada.


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