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Atropello policial no detendrá reclamos de campesinos de El Seibo por sus tierras

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Aseguran están dispuestos a volver al Palacio Nacional y que cuentan con un amplio apoyo

Tal vez pensaban derribarnos y que nos rompieran los brazos cuando nos llevaron al hospital Darío Contreras o tal vez pensaron hacerlo cuando nos jamaquearon entre cinco hombres”, contó ayer Francisca Peguero, parte de los campesinos de El Seibo que la madrugada de ayer fueron desalojados violentamente del frente del Palacio Nacional, luego de haber hecho una vigilia por casi una semana en reclamo de las tierras que les fueron arrebatadas.
Peguero y otros 46 agricultores miembros de la Asociación de Campesinos Mama Tingó denunciaron que fueron víctimas del acoso y atropello de agentes policiales, cuando a las 2:30 de la madrugada fueron sacados del “campamento” que habían montado desde el pasado viernes 25 de octubre frente a la sede ejecutiva, para luego ser divididos en tres grupos y llevados a hospitales diferentes, el Darío Contreras, el Central de las Fuerzas Armadas y el Moscoso Puello.
Una en el Darío Contreras, continuó Peguero, “llegó un vigilante, un extraño para el grupo. Luego nos llevan una sopa, unas cristianas supuestamente. Cuando quisimos tirarle fotos a la placa del carro, se fueron y nos dejaron la sopa”.
Esta sopa fue llevada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) para ser analizada, puesto que, como explicó Peguero, quien también es presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la entrada de alimentos a los hospitales está prohibida.
“Yo pienso que la intención era envenenarnos o dormirnos, porque ellas dijeron que venían del hospital Robert Reid. Yo soy enfermera y sé que la alimentación en los hospitales no se permite; ellas fallaron ahí”, externó.
El origen del conflicto. Los agricultores afirman que fueron despojados de más de 20,000 tareas de tierra pertenecientes a 613 familias de Vicentillo, en El Seibo, a manos del presunto mafioso Pedro Guillermo Barona, alias el Cubano, quien habría obtenido títulos falsos a base de dinero y a quien ellos describen como “la persona que dirige todo el Este del país, una autoridad que manda a la Policía y a la Fiscalía a apresar a quien quiera”.
La influencia de Barona en esa región, sostienen, se reflejó en la decisión del abogado del Estado de firmar el desalojo de los terrenos el 6 de septiembre de 2018 y, valiéndose de un amplio contingente militar, les destruyeron todas sus pertenencias.
Tras haber sido víctimas de ese atropello, resolvieron salir caminando de El Seibo hasta el Palacio Nacional, en el Distrito Nacional, cinco días y 170 kilómetros que recorrieron a pie para llamar la atención sobre las injusticias que han sufrido.
Argumentan que son dueños de esas tierras desde que en 1975, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se les entregaron los títulos de propiedad como parte del programa de reforma agraria.
El siguiente paso. Resguardados en la casa de las Hermanas Dominicas, los campesinos, algunos con lesiones todavía visibles, se disponen a volver al Palacio Nacional para que el presidente Danilo Medina o algún representante escuche su versión de cómo le han usurpados sus terrenos.
Le exigirán, nuevamente, al mandatario la devolución de las tierras, que se detenga la “criminalización” del campesinado, justicia para el niño Carlitos Rojas Peguero, de 12 años, asesinado por este conflicto, y la reparación a todas las familias afectadas.
No están solos. El proceder de las autoridades ante esta situación ha provocado que diversas organizaciones se sumen a la causa de estos trabajadores de la tierra.
“Sabemos que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se están movilizando profesores, alumnos y personal administrativo, y sabemos de otras instituciones que nos brindan su apoyo”, indicó el sacerdote Miguel Ángel Grullón, quien acompaña a los campesinos en su lucha.
El Foro Ciudadano, que agrupa a decenas de organizaciones sociales, a través de un comunicado de prensa, condenó la agresión de la que fueron víctimas estas personas, y afirmó que constituye una violación al derecho de reunirse de forma pacífica para reclamar sus derechos.

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